¿Por qué gusta lo que los partidos proponen a las organizaciones de autónomos?

Daniel Hernández | Madrid

Segundo round. Investidura fallida. Volvemos a la casilla de salida. Es una forma de verlo. Si nos fijamos en los detalles de las negociaciones para conseguir investir un nuevo Gobierno vemos que hay preocupación por satisfacer a una buena bolsa de votantes: los autónomos, que sufren el agravio de serlo. Lo positivo es que las organizaciones que representan a este colectivo aplauden parte de lo que se ha dicho hasta ahora.

En el acuerdo firmado por Ciudadanos y el Partido Popular para intentar la investidura de Mariano Rajoy, ambas formaciones se comprometieron a lo siguiente:

• Ampliar la tarifa de 50 euros mensuales hasta el primer año. Actualmente se aplica a los seis primeros meses.
• Pagar a la Seguridad Social por los días efectivos de trabajo del mes correspondiente. Ahora hay que abonar meses completos.
• Modificar el régimen de recargos en la cotización para autónomos y clarificar la deducibilidad de los gastos.
• Bonificar el 100% de la cuota a las trabajadoras autónomas durante la baja por maternidad.
• Equiparar incentivos económicos de las madres autónomas que se reincorporen a su actividad en los dos años posteriores a la maternidad con los que disfruten las trabajadoras del Régimen General.
• Llegar a un sistema que permita no pagar cotización a quienes ingresen menos que el Salario Mínimo Interprofesional.
• Establecer fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial y para aquellos que tengan vocación de no habitualidad o complementariedad económica.
• Facilitar la posibilidad de contabilizar, de cara a pensión, la totalidad de la vida laboral.

Estas medidas son, como mínimo, «una buena base». Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor «podemos decir que estamos satisfechos en general». Para Eduardo Abad, secretario general de UPTA, lo más destacable es el acuerdo para crear una subcomisión en el Congreso que valore, entre otras cosas, «la necesidad de que los autónomos que no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional no tengan que cotizar necesariamente».

Pero a los representantes de los autónomos también les gusta algo que no aparece en ese acuerdo y sí en el programa de Ciudadanos (y también en el de Podemos): la necesidad de que la cuota de autónomos sea progresiva según ingresos. Si eso fuese así -advierten desde las organizaciones- muchos autónomos pagarían todavía más cuota.

Con el acuerdo se consigue un equilibrio: proteger algo más a los más vulnerables sin hacer pagar más a los que más ganan. Lo malo es que de momento es papel mojado.

Sin Gobierno

Lorenzo Amor ya advirtió en su día que de volver de nuevo a las urnas «los autónomos sólo pueden perder, por inestabilidad, por desconfianza y por falta de medidas a su favor».

La investidura fallida de Rajoy da un plazo de dos meses a los partidos para que se pongan de acuerdo si no quieren que se repitan elecciones. El límite está en el 31 de octubre, momento en que se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones para el 25 de diciembre, si antes el Congreso no cambia la ley para poder celebrarlas el día 18 de ese mismo mes.

Para Eduardo Abad es «inaudito que los responsables de los grupos políticos continúen priorizando sus estrategias partidistas sobre la solución negociada de los asuntos de interés para los ciudadanos y en particular para el trabajo autónomo».

Quedan cosas por hacer

La parte medio llena del vaso es que el autónomo está en el candelero. Forma parte de la discusión política y todos reconocen la precariedad y las peores condiciones desde las que parte. Todas las formaciones políticas les dedican un buen espacio en sus programas. En los dos acuerdos de investidura (Psoe-C’s y PP-C’s) había medidas pensadas para el colectivo.

Pero las organizaciones tienen un programa de máximos todavía más ambicioso. Desde UPTA demandan medidas para dar formación profesional a autónomos. En ATA señalan como grave problema la morosidad empresarial y el lastre que ello supone para la actividad económica del autónomo. Esta organización pide también que se permita que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, «con la máxima seguridad jurídica y siguiendo criterios técnicos».