El 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Una fecha que trata de recordarnos la importancia de la defensa de nuestra seguridad, salud e intereses como personas consumidoras.
En España, y en la UE, la protección de los derechos de los consumidores y consumidoras ha conquistado importantes cotas en los últimos diez años.
Esta se garantiza, amplía y actualiza en función de las necesidades cambiantes de la sociedad. Todo ello gracias a un marco legislativo cada vez más exhaustivo y robusto y a distintas organizaciones de personas consumidoras que velan por su cumplimiento y mejora como son la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) o la CECU (Federación de Consumidores y Usuarios), entre muchas otras.
Nacimiento del Día Mundial del Consumidor
La primera vez que se celebró este día fue el 15 de marzo de 1983 y coincidiendo con el aniversario de unos de los discursos de John F. Kennedy, presidente de los EEUU que, por primera vez, se refirió a los derechos de los consumidores.
Dos años después, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó varias directrices para garantizar la protección de los consumidores desde las Administraciones públicas. Y en 1986, el Acta Única Europea recogía medidas para proteger a los consumidores. Dichas medidas no han parado de crecer, creando un vasto marco legislativo en materia de protección.
De hecho, ahora mismo, el instrumento principal de la UE en la política de consumidores es la Nueva Agenda del Consumidor Europeo, que incluye el apoyo a los intereses de los consumidores en cinco áreas prioritarias ahora mismo:
- Transición ecológica.
- Transformación digital.
- Respeto efectivo a los derechos de los consumidores.
- Protección especial a determinados grupos.
- Cooperación internacional.
Esta Agenda fue adoptada el 13 de noviembre de 2020, para el periodo 2020-2025, y enumera, ademá cuatro prioridades:
1. Mejorar la seguridad de los consumidores.
2. Fomentar el conocimiento.
3. Aplicar la legislación, velar por su aplicación y facilitar la reparación.
4. Adaptarse a los cambios sociales y económicos.
En España, el artículo 51 de la Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios. Y el Real Decreto legislativo 1/2007 protege los derechos de los consumidores a nivel estatal. Existe, juntos a estos, una basta normativa al respecto, también de carácter regional, que trata de paliar las lagunas existentes o de dar respuesta a nuevos desafíos.
Un buen ejemplo de estas nuevas normativas es la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Otro, la última directiva aprobada por la UE para su transposición a las legislaciones de los Estados miembros en materia de empoderamiento de las personas consumidoras.
Sin duda, tanto la UE como España son dos escenarios ejemplares a nivel internacional respecto a la protección de los derechos de las personas consumidoras, que sin embargo no bajan la guardia ante los retos que ocupa la presente década, como el uso de datos personales por parte de empresas desarrolladoras de tecnologías disruptivas.
