Los sindicatos proponen una banca pública para financiar a pymes

Daniel Hernández | Madrid

5 de mayo de 2015

A partir de hoy está accesible el documento Otro modelo económico y social para España apadrinado por los sindicatos CC.OO y UGT y que como principal medida propone la creación de un banco público. Esta entidad tendría entre otras funciones la financiación de la pequeña y mediana empresa o el apoyo para el crecimiento del sector industrial en España.

El documento, firmado por Santiago Díaz de Sarralde y Bruno Estrada, hace un análisis de los errores del sector señalando especialmente la gestión de las Cajas de Ahorro. La concesión de un enorme número de créditos hipotecarios por parte de estas entidades se hizo, al contrario que en los bancos privados, de espaldas a los consejos de administración, «una peligrosa situación de la que era consciente el Banco de España ya en 2006, pero sobre la que no se tomó ninguna medida».

Los autores estiman que el coste para la Administración del rescate al sector ha supuesto un gasto de entre 120.000 y 160.000 millones de euros a los que habría que sumar avales y préstamos a bajo interés.

El banco público propuesto se califica como un «baypass crediticio» que haga frente a las restricciones de crédito. La entidad bebería de los modelos francés, alemán e italiano. Allí «los bancos públicos de inversión son utilizados como instrumento de política industrial y obtienen gran parte de sus recursos de otras instituciones financieras públicas minoristas».

Esa combinación de banca de inversión y minorista se gestionaría a través de las entidades que el Estado todavía no ha vendido: Bankia y Banco Mare Nostrum.  Su papel sería el de financiar infraestructuras públicas y proyectos empresariales que tengan que ver con las políticas públicas industriales. Además se encargaría de dar crédito a quién tenga difícil su acceso, como las pymes. El objetivo es reducir los costes de la financiación, lo que haría «mejorar la competitividad estructural de la economía española». Esta banca pública también se reservaría el papel de sustituir las «inversiones especulativas» que proceden del exterior.

Los autores sostienen que hasta ahora las entidades no han dado el crédito en base a la solvencia del cliente sino a la coyuntura, siendo muy laxas en el pasado y excesivamente restrictivas en la actualidad. Para la banca pública se propone evaluar la solvencia de cada particular y además analizar los riesgos del ciclo económico del momento. Por último el documento sugiere una serie de controles y transparencia para evitar los casos de corrupción que puedan aparecer.