La clave para salvar una empresa en dificultades no siempre está en recortar gastos, sino en hacer números con cabeza y diálogo con conciencia. Así lo defiende Luis Martín, socio fundador del despacho Abencys, en un momento en que los planes de reestructuración se han convertido en una herramienta crítica para muchas pymes.
La entrada en vigor de la nueva Ley Concursal en 2022 ha modificado profundamente el ecosistema de la reestructuración empresarial en España. Desde entonces, más de 600 procesos de reestructuración han sido registrados, con una tasa de homologación judicial del 86%, según datos del Ministerio de Justicia. Pero esta aparente eficacia esconde una realidad compleja: muchos de estos planes han sido impuestos sin consenso, lo que ha generado crecientes tensiones con las entidades financieras y una peligrosa tendencia al uso del cross-class cramdown —la arrastrada forzosa de clases de acreedores disidentes—.
“Lo fundamental en los planes no consensuados es aportar una valoración que permita acreditar que las proyecciones del plan de viabilidad son razonables”, explica Luis Martín, abogado, economista y socio fundador de Abencys Reestructuraciones. “Esto es clave para que el juez lo homologue, incluso si hay oposición de alguna de las clases afectadas”, subraya.
El valor de valorar bien
Una valoración técnica precisa —especialmente cuando se compara el valor de la empresa en funcionamiento frente al interés superior de los acreedores, como exige el artículo 639.2 del TRLC— puede ser determinante para salvar una compañía o, al contrario, condenarla al bloqueo.
La Guía del Banco Mundial sobre reestructuración empresarial ya advertía en su última revisión (2023) que uno de los principales riesgos en estos procesos es la falta de claridad en los supuestos financieros y la escasa participación de acreedores clave en la revisión técnica de los planes. En España, esto se ha visto reflejado en la actitud de muchas entidades financieras, que aceptan o rechazan planes sin un análisis profundo de su viabilidad real.
Martín lo advierte con claridad: “Si las entidades financieras no realizan un análisis técnico más exhaustivo, continuarán viéndose arrastradas por la mayoría de las clases y sufrirán quitas sin capacidad de intervención.”
La oportunidad del consenso
Un punto crítico que destaca Abencys es el papel del Banco de España, especialmente en lo relativo a la política de provisiones. “La relajación de los requisitos de dotación puede facilitar que más empresas lleguen a acuerdos consensuados”, apunta Martín. Esto no solo evitaría oposiciones e impugnaciones, sino que podría aligerar la carga judicial de los tribunales mercantiles, cada vez más saturados.
Este enfoque es coherente con las recomendaciones del International Monetary Fund (IMF), que en su informe Corporate Restructuring and Insolvency Reform (2024) alienta a los reguladores a promover marcos que favorezcan los acuerdos consensuados, al tiempo que refuercen el análisis técnico independiente de los planes de viabilidad.
Clases bien hechas, impugnaciones evitadas
Otro elemento esencial en cualquier proceso de reestructuración es la correcta clasificación de los acreedores. “Una clasificación errónea puede llevar a impugnaciones que bloqueen el plan, especialmente por parte de entidades financieras que, en muchos casos, se ven arrastradas por mayoría en la clase sin haber votado a favor”, afirma el experto de Abencys. Esto se conoce como cross-class cramdown, y se ha convertido en una fuente recurrente de conflicto legal y estratégico.
La Comisión Europea, en su Informe sobre los efectos de la Directiva sobre reestructuración preventiva (2024), subraya la necesidad de aplicar con rigor y transparencia los criterios de clasificación para evitar litigios posteriores y fomentar la estabilidad jurídica del proceso.
Lecciones para pymes
Para los propietarios y gerentes de pymes, la reestructuración no debe verse como un fracaso, sino como una vía estratégica para ganar tiempo, renegociar con criterio y salvar valor. Pero no se trata solo de presentar números: se necesita una valoración bien hecha, un plan razonable y una clasificación transparente.
Luis Martín concluye con un mensaje directo a las pymes: “No hay atajos. Para que un plan prospere, tiene que ser técnica y éticamente defendible. Y eso empieza por rodearse de buenos profesionales que sepan unir lo jurídico y lo económico con una mirada realista”.
