En muchas pymes, el “becario” es algo más que un estudiante: es cantera, manos extra en picos de trabajo y, a veces, futuro fichaje. El nuevo Estatuto del Becario viene a cambiar ese equilibrio… y obliga a hacerse una pregunta incómoda: ¿podrá tu empresa seguir formando jóvenes como hasta ahora?
El Gobierno calcula que en España hay alrededor de 1,65 millones de personas en prácticas no laborales, el 56% mujeres, y que una de cada diez personas asalariadas está en esta situación. No es un fenómeno marginal: es una pieza entera del mercado de trabajo.
Con el nuevo Estatuto, aprobado como anteproyecto en noviembre y pendiente aún de trámite parlamentario, Yolanda Díaz quiere enviar un mensaje claro: las prácticas son formación, no mano de obra barata. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros insistió en que «las personas becarias no deben ser trabajadoras y trabajadores low cost. La experiencia formativa no puede estar basada en la precariedad», recogía Libertad Digital.
La norma fija varias líneas rojas: las personas en prácticas no podrán sustituir a trabajadores, se limitan las prácticas extracurriculares a 480 horas y se prohíben noches y turnos incompatibles con los estudios. Además, la empresa deberá compensar los gastos de desplazamiento, manutención o alojamiento cuando no haya remuneración, y el número de personas en prácticas no podrá superar el 20% de la plantilla, con una excepción para pymes de muy pequeño tamaño (hasta dos becarios).
¿Cuánto cuesta realmente un becario?
Hasta ahora, el “coste becario” era relativamente asumible para muchas pymes. Según un análisis de Antena 3 con datos de Glassdoor, el salario medio de un becario en España rondaba los 777 euros al mes en 2022, aproximadamente el 75% del SMI, con una horquilla entre 471 y 1.060 euros mensuales.
A esto se sumaba que gran parte de las prácticas eran directamente no remuneradas: solo en 2024, más de 925.000 estudiantes en prácticas sin sueldo comenzaron a cotizar a la Seguridad Social gracias a la reforma de pensiones, según El País.El nuevo Estatuto consolida esa línea: dignificar la figura del becario, evitar abusos y estrechar el cerco a los “falsos becarios”.
Para una pyme, sin embargo, la foto cambia: compensar gastos, asumir más burocracia, limitar el número de plazas y, en paralelo, convivir con los nuevos contratos formativos, que ya no pueden pagarse por debajo del SMI y tienen tope por empresa.Menos flexibilidad y mayor coste unitario.
Universidades y empresas: miedo a que se encoja la cantera
El conflicto no está tanto en el “qué” como en el “cómo” y el “quién paga”. La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades alerta de que «la sobrecarga de esfuerzos y de costes que se les imponen a las prácticas curriculares dificultará su gestión por las universidades y las hará poco atractivas para las empresas, instituciones y entidades del tercer sector».
En la misma línea, Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, avisa de que el texto podría reducir drásticamente la oferta de prácticas extracurriculares y añade que «las universidades no están en condiciones de asumir una mayor burocracia ni nuevos costes indirectos», lo que podría disuadir especialmente a las pymes, principales oferentes de prácticas en España.
Carmen Palomino, directora general de la Fundación Universidad-Empresa, lo resume con preocupación en Éxito Educativo: aunque el Estatuto busca erradicar abusos, su redacción actual «amenaza con alterar la esencia de la formación práctica, debilitando uno de los pilares de la empleabilidad juvenil: el aprendizaje en entornos reales».
Para muchas pequeñas empresas, la lectura es clara: más requisitos, más riesgo sancionador y menos margen para ofrecer prácticas, justo en un momento en que el tiempo de los equipos es el recurso más escaso.
Sindicatos y Ministerio: “fin del falso becario”
En el otro extremo, sindicatos y Ministerio defienden el Estatuto como un hito. UGT subraya que el texto «consigue acabar con la figura del ‘falso becario’ y da paso a un modelo que prioriza la formación real y los derechos». CCOO habla de un «antes y un después» en la lucha contra la precariedad juvenil.
Para Díaz, es la pata que faltaba en la reforma laboral: «esta es la reforma laboral para las nuevas generaciones de nuestro país», declaró tras la aprobación del anteproyecto, según recogieron varios medios. La ministra insiste en que el objetivo no es eliminar prácticas, sino forzar que sean formativas de verdad, con tutor, plan individual y límites claros.
¿Y la pyme, en medio?
En medio quedan las pequeñas y medianas empresas, que concentran buena parte del empleo y también de las prácticas reales. Organizaciones empresariales como Cecot critican que «una vez más» la regulación se haya elaborado sin contar con patronales ni universidades y alertan de que el texto incrementará los costes para las empresas, especialmente por la obligación de cubrir gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, además de servicios como comedor o aparcamiento.
La gran incógnita es si, con estas condiciones, las pymes mantendrán el mismo volumen de becarios o si optarán por reducir plazas y apostar solo por pocas prácticas, muy estructuradas y cercanas a la contratación. Si se cumple el temor de universidades y patronales, los primeros sacrificados podrían ser precisamente los jóvenes con menos contactos y menos recursos, que dependen de estas prácticas para entrar en el mercado laboral.
Una decisión estratégica, no solo jurídica
El Estatuto del Becario obliga a las pymes a dejar de ver las prácticas como “ayuda barata” y empezar a tratarlas como una inversión consciente de talento. Menos cantidad, más calidad; menos improvisación, más planes formativos.
Entre el relato de Díaz —“fin de los becarios low cost”— y el de las universidades —riesgo de “debilitar la empleabilidad juvenil”—, los gerentes de pymes tienen por delante una decisión estratégica: ¿replegarse por miedo a costes y sanciones o rediseñar su modelo de prácticas para que sea sostenible… y siga siendo su mejor cantera?
