Este 2026, las empresas en España se enfrentan a nuevas obligaciones. Algunas ya han entrado en vigor y otras, presumiblemente, lo harán a lo largo de los próximos 12 meses. Centradas en la digitalización fiscal o que promueven el cumplimiento laboral, este es un resumen de algunas de las que están por llegar.
La normativa que está por llegar: de la cautela al pensamiento estratégico
Las pequeñas y medianas empresas, este 2026, deberán actuar con mayor cautela y de manera mucho estratégica. En primer lugar, porque la estabilidad del mercado es ahora mismo frágil, tal y como apuntan los principales analistas, y en segundo lugar, porque una serie de nuevas obligaciones les empujan a pensar a largo plazo.
La digitalización de la facturación
Aunque la implementación de Verifactu se ha retrasado un año finalmente, la obligatoriedad del nuevo sistema de facturación electrónica impulsado por la Agencia Tributaria (AEAT) para combatir el fraude llegará. Y puesto que todas las empresas en España y personas autónomas tendrán que adoptarlo, mejor comenzar a hacerlo de manera gradual. Entre otras cosas, porque dicho sistema, que permite enviar registros de facturas en tiempo real a la Hacienda pública, entrará en vigor el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio de 2027 para autónomos, exigiendo el uso de software certificado que garantice la integridad y trazabilidad de todas las facturas emitidas.
La movilidad sostenible en las empresas
La nueva Ley de Movilidad Sostenible, ese marco legal que trata de facilitar la transición hacia un sistema de transportes más accesible, limpio, eficiente e innovador, y que interpela, para ello, de manera directa a la colaboración de las empresas, fue publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 4 de diciembre de 2025, entrando en vigor al día siguiente.
En virtud de la misma, las empresas (públicas y privadas) con más de 200 personas empleadas (o 100 por turno de trabajo), cuentan con dos años por delante para trazar un plan que garantice los desplazamientos de la plantilla de su casa al lugar de trabajo en los términos que recoge la ley. Todo ello formulado en el denominado Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST), que formará parte del convenio colectivo de la empresa.
Así que, si bien es cierto que solo las pymes de mayor tamaño (en cuanto a personal) deberán hacer frente de manera obligatoria a esta nueva obligación, conviene recordar la idoneidad de que hasta las más pequeñas adopten de manera voluntaria este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque la inversión en sostenibilidad podría suponer su gran elemento diferenciador respecto a la competencia.
La reducción de la huella de carbono
Lo mismo ocurre respecto al cálculo y reducción de la huella de carbono. Aunque las pymes no han sido interpeladas de manera directa por la nueva normativa, deberían sentirse empujadas a su adopción voluntaria. Porque hacerlo podría ser un buen acicate hacia la mejora de su posición en el mercado. Esto último, además, teniendo en cuenta que la sostenibilidad es un factor cada vez más valorado por consumidores y consumidoras. Las pymes deberían agarrarse a ese elemento diferenciador.
Y es que, el Real Decreto 214/2025 en España obliga a grandes empresas (más de 250 empleados o más de 50 millones de facturación), empresas de interés público y a la Administración pública a calcular, registrar y publicar su huella de carbono (Alcances 1 y 2) y planes de reducción de la misma. Esta normativa busca maximizar los esfuerzos de las organizaciones en materia de descarbonización. Así que, este año, todas las organizaciones afectadas por la norma deberán reflejar los datos correspondientes a 2025.
Cumplimientos respecto al uso y desarrollo de la IA
La nueva Ley de Inteligencia Artificial (que corresponde a la transposición en España del Reglamento (UE) 2024/1689) lanza una fecha clave: la del 2 de agosto de 2026, cuando será plenamente exigible. Así pues, todas las empresas que desarrollen o usen sistemas de IA deberán, en las próximas semanas, tratar de cumplir con lo dispuesto en la normativa.
Otras cuestiones a tener en cuenta
Todos estos cambios deberán mantener en alerta a los departamentos de RRHH y directores de empresa. De hecho, las pymes españolas que deseen cumplir completamente con la normativa vigente deberán tener más aspectos en cuenta:
Nuevo incremento del SMI
El Gobierno aumentará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 hasta los 17.095 euros brutos anuales, un 3,1 % más que en 2025. Además, continuará la deducción completa del SMI en el IRPF.
Los permisos por cuidados
Alcanzan las 19 semanas para el cuidado de menores por nacimiento desde que entrase la medida en vigor el verano pasado. También se amplían los permisos retribuidos para el cuidado de familiares en situación vulnerabilidad y se plantea un aumento del permiso por fallecimiento (hasta 10 días hábiles, incluso de manera discontinua, en las cuatro semanas siguientes al deceso).
Nuevo registro horario digital obligatorio
El nuevo registro horario digital obligatorio podría aprobarse este 2026. Aún en tramitación, la medida trata de mejorar el proceso de trazabilidad y la interconexión a la Inspección de Trabajo a través de registros obligatoriamente digitales. El nuevo registro deberá especificar la hora y minuto de inicio y fin de la jornada laboral, y los tiempos de descanso.
¿Nueva LPRL?
Actualmente se trabaja en una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a fin de adaptarla a los nuevos riesgos y retos en el trabajo, como los que acarrea el uso de las nuevas tecnologías o el auge de los problemas relacionados con la salud mental de las plantillas. La reforma trataría además de mejorar los datos de siniestralidad en pymes y podría desarrollarse por fin este 2026.
Incentivo del teletrabajo en entornos rurales
Se ha convertido en una herramienta estratégica clave para combatir la despoblación, atraer talento joven y revitalizar la "España vaciada". Ahora, podrían aprobarse incentivos al teletrabajo en zonas rurales para fomentar que la población joven se asiente en las mismas. De momento, el Congreso aprobaba en octubre de 2025 una proposición no de ley para el desarrollo de medidas.
